Solicitar Cita

Violencia contra la Mujer E intra Familiar

Atención a la mujer y a las familias en conflictos


La violencia basada en género, sexual e intrafamiliar es un problema social de grandes dimensiones que afecta a diario a miles de mujeres, hijos e hijas en nuestro país y en el resto del mundo.

Las graves consecuencias que sufren las víctimas constituyen además de un problema de salud pública, un obstáculo para el avance de las mujeres y una barrera para el desarrollo socioeconómico, dado los costos en recursos humanos, económicos y técnicos que supone para el Estado.

Es un problema multisectorial y multidimensional que trasciende la simple atención a la denuncia, que supone la persecución del un individuo. Implica a toda la sociedad, sin distinción, y debe ser visualizado como una restricción a la libertad, a la dignidad y una violación a la integridad de las mujeres y de sus familias, específicamente a sus derechos fundamentales.

Tiene una direccionalidad clara: La violencia es ejercida contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianas y ancianos, que son los grupos más vulnerables. Y es intencional. Es, además, una flagrante violación de los  derechos humanos y del bienestar tanto físico como emocional de las víctimas, que afectan su entorno familiar y laboral.

Informes presentados por diversas organizaciones muestran con cifras alarmantes la situación de violencia en que se encuentran sumergidos millones de mujeres y niños, destacando las graves consecuencias que esta situación acarrea a la sociedad en sentido general y a la familia en forma particular.

A partir de este diagnóstico, la gestión de los funcionarios que asumieron la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en el 2004 establecieron una agenda de trabajo, direccionada en cuatro ejes programáticos, en los cuales enfatizaría su inmediato accionar.

Recordemos que para esa fecha el único lugar en la ciudad capital en donde las mujeres y demás víctimas denunciaban a sus agresores, el Destacamento de Protección a la Mujer, ubicado en el sector de Villa Juana, operaba en condiciones deplorables, dificultando las respuestas que requerían cientos de mujeres maltratadas.

El lugar estaba desprovisto de los equipos básicos tecnológicos y materiales para que el insuficiente equipo técnico trabajase, carente de material gastable y de un adecuado sistema de ventilación. Instalaciones sanitarias deprimentes y de igual  modo lucía el resto de las oficinas y el mobiliario, todo lo cual se agravaba por la atención humillante con que los agentes policiales trataban a las mujeres víctimas de violencia.

No eran tampoco alentadoras las condiciones en que funcionaba el Departamento de Abuso Sexual, que tenía su asiento en la edificaciín principal de la Policía Nacional, la cual estaba privada de toda facilidad para tratar casos tan delicados como las violaciones sexuales, incesto, agresión sexual y proxenetismo, que en muchas ocasiones involucra menores de edad y mujeres.

La identificación de esta realidad impuso que la primera acción a ejecutar fuese la de establecer un espacio distinto a los existentes, en donde se les prestara a las víctimas de violencia de género y de abuso sexual una atención integral por un equipo multidisciplinario de profesionales, incluyendo los fiscales para facilitarles adecuadamente la investigación del acto delictuoso.

El 29 de marzo del 2005, a tan sólo 8 meses de iniciada la gestión, es aperturada la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, departamento especializado de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional que reúne además de los fiscales que tratan los casos de violencia de género y de delitos sexuales, psicólogos, médicos y ginecólogos legistas, en fin, un conjunto de profesionales multidisciplinarios que tiene como meta esencial ofrecerles a las víctimas de estos tipos de violencia las atenciones adecuadas en un ambiente digno.

Esta conquista daba a conocer públicamente la visión que el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, tiene sobre la atención especializada que deben recibir por parte del Estado las víctimas de los delitos, priorizando lograr la reparación del daño, sin descuidar la persecución del infractor.

El segundo eje estratégico en esta materia, puesto en ejecución concomitantemente con el primero, consistió en lograr la participación e incorporación de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas a la problemática de la violencia, en un frente de trabajo continúo para lograr identificar y ejecutar acciones que permitiesen establecer políticas y estrategias adecuadas, más allá de la mejoría de  las instalaciones físicas.

Las organizaciones no gubernamentales al sentirse por primera vez seriamente tomadas en cuenta por las autoridades, consintieron la creación del Voluntariado de Apoyo a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, cuya finalidad es participar conjuntamente con los funcionarios del ministerio público en el establecimiento de una correcta política de atención a las víctimas de violencia basada en género, intrafamiliar y sexual, a partir de procesos uniformes y sectorizados por intervinientes, basados en calidad que se prestaría luego de la capacitación y sensibilización del personal, para lograr una atención integral y solucionadora a las víctimas.

El tercer eje programático fue concebido a partir de dar solución al difícil acceso de las víctimas al ministerio público, que resultaba de la existencia de un solo lugar en donde esto podía ocurrir, que era el Departamento de Protección a la Mujer.

Para esto se diseñó e implementó que en cada una de las fiscalías barriales existiese una unidad especializada de una fiscal, una psicóloga y un médico legista para atender las denuncias de las mujeres víctimas de violencia.

A partir de esto, las mujeres de Capotillo, Gualey o Los Guandules, por ejemplo, no tenían que trasladarse para denunciar a sus agresores a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, pues en sus respectivos vecindarios existe una fiscalía barrial en donde encontrar asistencia y atención inmediata que les auxilia de igual manera.

En ese mismo orden, las nuevas autoridades del ministerio público de la ciudad capital fundaron un departamento especializado para tratar los casos de violencia intrafamiliar, ubicado en la avenida México No. – del sector Gascue, que integró además de los fiscales investigadores y persecutores, a un equipo multidisciplinario de profesionales integrados por psicólogos, médico legista y trabajador social aportados por el CONANI.

El cuarto eje de la política planteada para abordar la problemática de la violencia basada en género, intrafamiliar y sexual consistía en definir las atenciones que debían recibir, luego de la prestada por los fiscales, las víctimas y sus agresores, para lograr su reinserción a sus familias y la sociedad con soluciones definitivas que les posibilitase cambios radicales.

Las circunstancias demandaban mucho más que la persecución judicial y el ministerio público tenía que seguir liderando las acciones a emprender, y los funcionarios de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional junto a las demás organizaciones que les apoyaron decidieron no contentarse con las mencionadas diligencias iniciales.

Por eso, luego de mucho estudio y selección de un personal debidamente capacitado, el 15 de agosto del 2007 abrió sus puertas el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, en donde las mujeres reciben gratuitamente asistencia psicológica y psiquiátrica que les permite insertarse anímicamente a sus familias y la sociedad logrando e imponiendo el respeto de sus derechos, los cuales no se ceden.

Con respecto a los hombres agresores, nuestro país no conocía de acciones gubernamentales dirigidas a lograr su reeducación y corrección de conducta violadora de derechos de la mujer, desechando sus creencias y mitos que los mantenían sin soluciones, a pesar de las acciones judiciales persecutoras.

En junio del 2005, basado en los propósitos de la ley No. 24-97, que modificó las disposiciones penales sobre la violencia basada en género, intrafamiliar y sexual, y las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional inició un ciclo de charlas a los agresores denunciados, con la finalidad de llevarles orientación básica acerca de la violencia.

La definición de una política correcta de abordaje al hombre agresor se completó con la inauguración el 15 de julio del 2008 del Centro de Intervención Conductual para Hombres, luego de un proceso de identificación de los tratamientos a aplicar y de la selección de un personal que ha sido capacitado por expertos extranjeros traídos para estos fines.

La instalación de esta unidad culmina exitosamente el abordaje por la Fiscalía del Distrito Nacional de todos los intervinientes en la problemática de la violencia basada en género, no tan solo desde el accionar judicial, el cual no se descarta ni minimiza, sino entendiendo que las conductas de víctimas y agresores pueden ser modificadas a partir de enseñanzas y asistencias de profesionales terapéuticos, que les permita la convivencia familiar y social en ambientes de respeto a sus derechos y convencidos de que los conflictos pueden ser solucionados de una manera distinta.

Lo ocurrido es el fruto de las voluntades decididas de empleados y funcionarios de una simple dependencia del ministerio público que ha posibilitado la esperanza de avanzar hasta lograr que los beneficios resultantes se implementen a nivel nacional.